Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Por: Daniela Begazo

A propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ello con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la situación de estas personas en el contexto político, social, económico y cultural. Por ello, en esta nota revisamos el avance de la legislación nacional emitida para promover los derechos y garantizar el bienestar de las personas con discapacidad.

El 24 de diciembre de 2012, se publicó la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (en adelante, la Ley) con la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en todos los ámbitos sociales.

Dicha Ley define a la persona con discapacidad como aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.

Derechos Laborales

En esta Ley, resaltan tres derechos laborales de las personas con discapacidad:

1. Derecho a la igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor.
2. Derecho a contar con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. Así como a la adaptación de herramientas, maquinarias y el entorno de trabajo, en función a sus necesidades.
3. Derecho a conservar su puesto de trabajo, en el caso del personal que adquiere una discapacidad durante la relación laboral, en cuyo caso se deben realizar los ajustes razonables correspondientes, cuando esta discapacidad no sea determinante para el desempeño de sus tareas. Caso contrario, dicho personal es transferido a un puesto que sea compatible con sus capacidades y aptitudes, en la medida que exista vacante, y que no implique riesgos para su seguridad y salud o las de otras personas. Este derecho se encuentra concordado con el principio de atención integral de la salud contenido en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual contempla que los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes para su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral.

En esa misma línea, el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud (EsSalud) cuenta con servicios de readaptación y rehabilitación profesional para personas con discapacidad dirigidos a la obtención, el progreso y la conservación del empleo.

Cuota de Discapacidad

Una de las obligaciones laborales más importantes de esta Ley, es la Cuota de Discapacidad, que establece que las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 3%.

"Nuestro país tiene una de las cuotas laborales más altas de personas con discapacidad, a diferencia de sus pares Latinoamericanos; Chile por ejemplo, tiene una cuota del 1%, mientras que en Ecuador la cuota es del 4%."

Si bien es cierto, la norma obliga al empleador a cumplir con esta cuota de discapacidad, que se mide de forma anual, en caso de no cumplir con la cuota de forma anual, los empleadores podrán sustentar:

1. No haber generado convocatorias a nuevo personal, ya sea por contar con un nuevo puesto o reemplazar a algún trabajador cesado.
2. En caso de haberse generado vacantes en el año, deben acreditar:
   - Razones técnicas o de riesgo que impidan contratar a trabajadores con discapacidad.
   - Haber publicado la convocatoria en la Ventanilla Única de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y sus servicios vinculados.
   - Haber omitido cualquier requisito que pueda ser discriminatorio contra las personas con discapacidad.
   - Haber garantizado que los procesos de evaluación específicos permitan la efectiva participación de las personas con discapacidad.

Aspecto tributario

Conforme lo señala el T.U.O. Ley del Impuesto a la Renta y el Reglamento de la referida Ley, existe un monto adicional de deducción para el cálculo del Impuesto a la Renta; cuando hasta el 30% del total de trabajadores de una empresa sean personas discapacitadas, el monto adicional deducible es del 50% aplicable a las remuneraciones pagadas, lo mismo ocurre cuando más del 30% del total de trabajadores tengan alguna discapacidad, en donde se podrá deducir el 80% del referido monto.

El monto adicional deducible anualmente por cada persona no debe exceder a las 24 remuneraciones mínimas vitales. Cuando se trate de trabajadores con menos de un año de relación laboral, el monto de deducción no podrá exceder a 02 remuneraciones mínimas vitales por mes laborado por cada persona con discapacidad.

Podemos concluir que nuestra legislación procura promover la inserción de las personas con discapacidad al mercado laboral, fomentar el respeto de sus derechos laborales, civiles, políticos y culturales y velar porque cuenten con igualdad de condiciones y trato ante la ley. Si bien es cierto, el avance en el cumplimiento de estos fines es lento, ello es motivo para que las autoridades y nosotros como sociedad promovamos los valores que la norma busca.