En el ámbito empresarial, garantizar un ambiente laboral seguro es esencial para fomentar un entorno de trabajo positivo. No obstante, es fundamental abordar este proceso con precisión ética y legal para evitar sanciones por malas prácticas en la gestión de datos personales. Esto es especialmente importante al realizar verificaciones de antecedentes penales o policiales a postulantes a una vacante de trabajo.
La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP) ha emitido diversas resoluciones que aclaran los límites y procedimientos adecuados para acceder y manejar antecedentes penales, policiales, judiciales o denuncias ante el Ministerio Público. Estas resoluciones especifican que solo ciertas entidades como el Poder Judicial o el Ministerio Público están facultadas para acceder directamente a estos datos. La resolución categoriza el acceso ilícito a estos antecedentes por parte de entidades no competentes como una infracción muy grave, lo que puede conllevar sanciones significativas para las empresas.
Es crucial que las empresas entiendan que la obtención de antecedentes penales debe hacerse respetando tanto la legalidad como la privacidad del individuo. La Ley 29607 facilita este proceso al no requerir inicialmente el Certificado de Antecedentes Penales para postulaciones laborales, permitiendo que los postulantes presenten una declaración jurada simple de no tener antecedentes. Solo si el postulante es seleccionado, y con su autorización previa, el empleador puede solicitar el certificado correspondiente o la verificación directa ante la autoridad competente.
Para manejar adecuadamente la verificación de antecedentes sin enfrentar repercusiones legales, recomendamos a las empresas:
Una correcta verificación de antecedentes de postulantes a un centro de trabajo trasciende la simple medida de seguridad; refleja un compromiso profundo con la legalidad y la ética empresarial. Al seguir los lineamientos legales y mejorar continuamente los procesos internos, las empresas no solo evitan sanciones, sino que también fortalecen su reputación como empleadores responsables y respetuosos de los derechos de sus trabajadores.